Óptica Ciudadana GUARDIA NACIONAL Por José Luis Hernández Jiménez
Por 127 votos a favor (el otro voto andaba enfermo) el
Senado de la República aprobó el 21 de febrero, reformar la Constitución
Política para que haya una Guardia Nacional (GN), “con mando civil”, o sea,
casi como la propuso nuestro H. Presidente. Que dizque para lograr la paz. La
clase política, se puso a bailar de gusto. Bien ¿Y ahora?
Y ahora ese dictamen irá a la Cámara de Diputados para que
lo apruebe o lo modifique (esto último es un decir, ya que el partido de Estado
tiene los votos suficientes para aprobarlo tal cual) y luego el dictamen
aprobado por los HH Diputados, se
enviará a los Congresos Estatales para que al menos 17 de ellos, digan que si.
Entonces, la reforma constitucional para la GN, será una realidad; Proceso que
tardará algunos pocos meses. ¿Y luego?
Y luego el ejército disfrazado de policía pero ahora con
pleno respaldo legal, seguirá trabajando, capacitando y organizando ahora a los
50 mil nuevos reclutas ya contratados, para “serenar al país” o “lograr la paz
en la nación” ó abatir la inseguridad, como ha prometido el C. Presidente. Ajá.
Aunque recientemente, la aprobación de la Guardia Nacional,
se convirtió en gran polémica, su
discusión lleva 12 años, o mas. Empezó en diciembre del 2012, cuando el
Gobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas
Batel, hoy flamante Coordinador de Asesores del Primer Mandatario, pidió al Presidente de la República, Felipe
Calderón Hinojosa, mandar al Ejército a combatir al crimen organizado cuyos
desmanes habían rebasado a las autoridades. Y Calderón declaró la guerra al
crimen organizado.
Criticas y reclamos se oyeron pronto. Uno de los pocos que
inicialmente respaldó la decisión presidencial, fue don AMLO. Cuando el
reportero de un periódico de EU le preguntó – al en ese momento, candidato
perdedor – él qué haría ante el creciente problema de la inseguridad pública,
solo respondió: “lo mismo”. Semanas después se arrepintió de su dicho, montóse
en los reclamos de organizaciones de la sociedad civil y empezó a criticar,
descalificar y reprobar, a la que bautizó como “la guerra de Calderón”. Al ejército lo menos que le dijo fue que era
un “represor”.
Así transcurrieron 12 años, con López Obrador despotricando,
satanizando al ejército y exigiendo que volviera a los cuarteles. Dado que los
mismos altos mandos militares insistían en que se les diera un marco legal para
poder desplegarse con mayor eficacia, a alguien se le ocurrió una buena idea:
aprobar una Ley de Seguridad Interior.
Pero un sinnúmero de organizaciones de la sociedad civil y, por supuesto don Peje, volvieron a
disparar sus baterías mediáticas para reprobar
dicha Ley que, aunque fue aprobada por los legisladores, el Presidente
Peña optó por enviarla a la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, para que ésta opinara si era o no
constitucional (la Corte, finalmente, negó su visto bueno). Mientras, nuestro
hoy H. Presidente, seguía despotricando contra las fuerzas armadas. Llegó a
decir en su última campaña por la Presidencia, que lo mejor sería
“desaparecer al Ejército Nacional”.
Todavía, con motivo de las conmemoraciones por la masacre
del 2 de Octubre de 1968, el Presidente electo, envió otra andanada de
insultos, descalificaciones y acusaciones de todo tipo, contra el Ejército y en
particular, en contra del Estado Mayor Presidencial. Y para nada acusó al
responsable confeso de aquella masacre, Gustavo Díaz Ordaz, ni al operador
estrella de ese Presidente, Luís Echeverría Álvarez.
Poco después, en una carta anónima (de un General), de
amplia circulación, dirigida al Presidente electo en términos muy comedidos, se
explicaba a AMLO el error de éste, de descalificar sin bases, la actuación del
cuerpo castrense e incluso, de su equivocada intención de desaparecer al Ejército.
Ya Presidente en funciones, don AMLO ratificó su decisión de
desaparecer al Estado Mayor Presidencial. Pero su actitud general hacia el
Ejército cambió, aparentemente, en forma radical pues dio un giro de 180 grados
en su actitud ante el cuerpo castrense. Ahora no solo reconoce lo que desde
hace mucho tiempo la población en general dice: Que el Ejército mexicano es un
gran baluarte y merece reconocimiento y respeto de todos; reconocimiento que
también merece la Marina Armada de México y que, extrañamente, AMLO le regatea,
a pesar de que ha mostrado mayor eficacia en la lucha contra el crimen
organizado. Tanto que fue la Marina quien dos veces detuvo al Chapo Guzmán,
luego de sus respectivas escapatorias.
Mas aún, nuestro H Presidente se fue al otro extremo de su
añeja posición: de exigir el regreso inmediato del Ejército a sus cuarteles,
pasó a alargar su estancia en las calles “al menos por cinco años mas”; de
exigir su desaparición, ahora le ha dado nuevas tareas, como la ampliación de
la construcción y administración del nuevo aeropuerto de Santa Lucía, la
venta y/o administración de un
fraccionamiento en Santa Fe, la vigilancia de las instalaciones de Pemex, la
contratación y manejo de los futuros
operadores de 700 carros tanque para la distribución de gasolina en
diversos puntos del país y, por supuesto, la parte escencial de la operación de
la Guardia Nacional.
Con el nuevo acuerdo unánime de la clase política
encumbrada, ahí quedan, solo para que consten, las preocupaciones válidas, de
la ONU, de la CIDH, de muchos organismos de defensa de los derechos humanos y
de muchos expertos en el tema, sobre los excesos habidos (¿y por haber?) de la
acción de elementos del Ejército en sus operativos anticrimen. Y sobre sus
tentaciones “normales”, ante el aumento de su presencia política, amparado por
su Comandante Supremo, el Presidente.
Cierto, hay que precisar que el 90 por ciento de los delitos
que ocurren en el país, son del fuero común. O sea, los encargados formales de
brindar seguridad a los mexicanos y de evitar o prever la comisión de esa
mayoría de delitos, son los 400 mil policías locales y sus jefes, los
Gobernadores y Jefe de Gobierno de la CDMX, y los Presidentes Municipales y
Alcaldes de la capital, que han resultado un verdadero lastre para el erario
público en esta materia. Además, el cuerpo policial creado en 1996, para
complementar a las policías locales, es la Policía Federal inexplicablemente
ignorada por el nuevo gobierno federal. A pesar de que el saldo de su labor es
positivo.
Y lo evidente: la inseguridad en todo el país, no deja de
crecer. Incluso, en sitios que ya habían sido
recuperados de manos de la delincuencia, como Ciudad Juárez y Tijuana,
ha tenido que volver a recibir el apoyo del Ejército, Marina y de la Policía
Federal. Y en esa dinámica se agrega a Coatzacolacos, varios municipios de
Guanajuato, Michoaán y Guerrero, como
Acapulco,…. Vamos, en la propia capital del país impera el caos
provocado por la delincuencia.
