Óptica Ciudadana
Creer o no creer
Teotihuacan en línea. Artículo de José Luís Hernández Jiménez. Parodiando al shaquespeare aquel, creer o no creer, esa es la cuestión, en esto de las investigaciones sobre lo que ocurrió hace casi un año en la noche de Iguala, Guerrero, cuando desaparecieron 43 estudiantes normalistas. Tan politizado está el asunto, que se ha convertido en un acto de fe.
¿Le creemos o no le creemos a la investigación de
Y a vosotros, estimados lectores, ¿qué les parece el Informe que nos acaba de presentar el GIEI? Sí, ya sé que tal documento consta como de 500 páginas, pero hay que echarle un ojo para entender mejor de lo que estamos hablando y…
Dado que la investigación de
De ahí que el GIEI – Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes – haya sido contratado, con acuerdo de los padres de las víctimas, por el propio gobierno mexicano y con el visto bueno de
Al GIEI lo integran cinco expertos, Carlos Martín Beristain, Francisco Cox Vial, Claudia Paz y Paz, Alejandro Valencia Villa y Ángela Buitrago. Además, ellos mismos se hicieron de otro asesor, el Dr. José Torero. Y convinieron un pago, ¡faltaba mas, la justicia puede ser ciega pero no desinteresada! , de un millón de dólares.
Yo le eché un ojo a tal informe, sobre todo a sus conclusiones y si dependiera de mi, les pediría que devolvieran, porque es dinero de los contribuyentes, el millón de dólares (ó 16 millones de pesos, al actual tipo de cambio), que se les pagó, por seis meses de trabajo. Sí, uno punto dos millones de dólares a cada uno de los cinco integrantes de dicha Comisión. Porque se ve que poco hicieron para ganárselos.
Miren que venir a informarnos, luego de tenernos seis mees en ascuas, en su principal conclusión que “…las Víctimas no fueron incineradas en el basurero de Cocula….y la evidencia captada no permite inferir mejores conclusiones…”.
Es decir, esos que se autodenominan expertos, no dicen que las víctimas no fueron quemadas sino que no fueron quemados en ese basurero. Y que no saben qué pasó. Tanto que se les pagó para tan poco.
Y lo peor es que la justificación de su dicho es un vil fusil de la hipótesis del Dr. Jorge Antonio Montemayor Alderete, investigador de
La hipótesis completa de Montemayor, dice que “no es posible que los cuerpos de los 43 desaparecidos hayan sido quemados en el basurero del municipio de Cocula pues para ello se hubieran requerido 35 toneladas de madera, 15 mil kilos de llantas,…” por lo que dichos cuerpos “pudieron haber sido quemados en los crematorios que el ejercito tiene en Chilpancingo,…”. Montemayor, según dijo en su momento, fue asesorado por un investigador de una universidad australiana.
Y ahora los cinco expertos del GIEI, dicen exactamente lo mismo. Por cierto, ellos también se asesoraron de un investigador de una universidad australiana, llamado, José Torero.
El problemita adicional es que la investigación de
Y lo peor de todo es que ambas investigaciones, la de
Más: ¿Por qué no se investiga al ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero? ¿Por qué no se interrogó a quienes designaron candidato y a quienes lo avalaron como tal haciendo caso omiso de denuncias concretas en su contra, a quien luego se convirtió en Presidente Municipal de Iguala, y hoy preso junto con su esposa, José Luís Abarca?
Y una nueva pregunta: Si el Informe del GIEI es el bueno, los 110 detenidos por su supuesta participación en la multicitada desaparición de los 43, incluidos el ex alcalde de Iguala y su esposa, ¿serán liberados?
No sé a ustedes qué les parezca el Informe del GIEI, estimados lectores, pero lo que en nada ayuda a esclarecer el caso, es el ruido producido por los actos de fe que abundan en las redes sociales. Realmente lo que debe contar son las evidencias, no los actos de fe o el ¿creer o no creer?
Notitas: Una.- Que la discusión para aprobar el Presupuesto de Egresos para el 2016, debiera ser una oportunidad para que la clase política nacional se gane a la ciudadanía. ¿Cómo? Suprimiendo los privilegios económicos y sociales, de que gozan los titulares de los tres Poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, además de los asignados a los organismos “autónomos del Estado”, o sea, el INE, el INEGI,
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