Sí violaron derechos en caso de niño Montessori: CODHEM

Sí violaron derechos en caso de niño Montessori: CODHEM

Teotihuacan en línea. José Contreras. Toluca. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) emitió la Recomendación 10/2014, relacionada con múltiples irregularidades cometidas por personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México en el proceso de investigación del secuestro y homicidio del menor Carlos Eduardo Martínez González, plagiado el 14 de febrero del 2013 en el Colegio Montessori de Toluca.
De acuerdo con esta Recomendación, durante 180 días se acumularon en el Centro de Justicia de Tenancingo poco más de 200 carpetas de investigación y dos cadáveres sin identificar en el Servicio Médico Forense (SEMEFO), uno de ellos el de Carlos Eduardo Martínez González, sin que el personal adscrito a esa dependencia hiciera absolutamente nada que favoreciera el desahogo de esos casos.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México señaló como presuntos responsables de las irregularidades que ocasionaron que el cadáver de Carlos Eduardo Martínez González permaneciera abandonado más de medio año en el SEMEFO de Tenancingo a los servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia identificados como Félix Chávez Zarza, Jorge Alberto Magallán Ponce, Iván Estrada Orozco, Ranuel Servín Sánchez y Antolín Armando Venegas Estrada.
La CODHEM pidió a la Contraloría Interna de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México completar cuanto antes la investigación CI/PGJEM/IP/OF/610/2013, para aplicar procedimiento administrativo disciplinario en contra de esos cinco servidores públicos, quienes “No fueron siquiera capaces de distinguir entre un cuerpo de un niño de 15 años y un adulto de más de 23 años”.
La recomendación de la CODHEM, va dirigida al Licenciado en Derecho Alejandro Jaime Gómez Sánchez, Procurador General de Justicia del Estado de México, en un expediente de 75 fojas útiles escritas por una sola de sus caras, en las que sintetiza la investigación realizada por la defensoría de derechos humanos mexiquense que incluyó entrevistas a todos los involucrados, investigación de campo y verificación de protocolos que los servidores públicos no respetaron en el proceso de investigación sobre el secuestro y homicidio del menor plagiado del Colegio Montessori de Toluca.
El caso de Carlos Eduardo Martínez obligará a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México a revisar y actualizar los procesos de identificación de cadáveres, así como la disposición de los mismos, pues quedó demostrado que en el Servicio Médico Forense de Tenancingo se violaron las normas mínimas para el manejo de cuerpos, como fue el hecho de permitir la descomposición total de cadáver del menor en mención, durante más de medio año, sin que se enviará a la fosa común, se incinerara o embalsamara, como lo precisa la Ley General de Salud, lo que incluso convirtió el cadáver en un Riesgo Sanitario para la población, señalan.
La CODHEM recomendó al Procurador de Justicia, Alejandro Jaime Gómez Sánchez, instruir a todos los agentes del Ministerio Público y personal adscrito al Instituto de Servicios Periciales que "Apliquen con total diligencia, rigurosidad, participación, competencia, responsabilidad e inmediatez los procedimientos técnicos y jurídicos tendentes a lograr la identificación de un cadáver y, en un plazo razonable, se logre su inhumación, con la prevención de que cualquier inactividad o rezago injustificado dará lugar a las respectivas sanciones".
También se ordenó a la Procuraduría Mexiquense la "implementación de metodología y mecanismos de digitalización y profesionalización que garanticen la no repetición de hechos, como el caso de Carlos Eduardo Martínez González", pues se descubrió que el banco de información de la Procuraduría mexiquense sobre personas desaparecidas o cadáveres no identificados tenía dos años sin actualizarse al momento de la investigación del plagio y homicidio del menor sustraído del Colegio Montessori.
En la recomendación se señala que la irregular actuación de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, en el caso de Carlos Eduardo Martínez González, "Causó evidentes afectaciones físicas y psíquicas en los familiares de la víctima, alteró irreversiblemente su núcleo y vidas familiares que se caracterizaban por la relación fraternal, al soportar la amenaza que conlleva con un secuestro, la infructuosidad de las negociaciones, y la incertidumbre que rodea el paradero de la víctima".
Finalmente, en el documento se apunta que, en este caso, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México violó flagrantemente derechos humanos como el "Acceso a la justicia, derecho a la verdad, y a la integridad personal de los familiares de la víctima por transgresión a los principios básicos de debida diligencia"