Coordinador del IDAP ropuso dar voz en las cámaras al presidente de la República y al gabinete
Teotihuacan en Línea. Paolo Sampayo. Toluca. La reforma política integral en México requiere una profunda transformación del Congreso de la Unión en la que se dé voz al presidente de la República y al gabinete en las cámaras de diputados y de senadores para discutir abierta y democráticamente los asuntos de interés nacional, señaló Martín Vera Martínez, coordinador académico del Instituto para el Desarrollo de Administración Pública A.C. (IDAP).
Al impartir la conferencia Reforma al Congreso, agregó que el reglamento actual de la representación popular en nuestro país data de 1936, por lo que en asuntos administrativos, legislativos, procedimentales y técnicos se rige más por usos y costumbres que por ordenamientos específicos.
En la séptima sesión del Seminario La Reforma Política en México organizado por la LVII Legislatura mexiquense, a través del Instituto de Estudios Legislativos (Inesle) y el IDAP recordó que entre las reformas al Congreso propuestas por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), destacan: que los senadores sean nombrados por sus legislaturas locales, crear un reglamento que regule el trabajo de las comisiones legislativas para evitar que se empalmen reuniones de trabajo con sesiones y evitar el ausentismo.
Proponen también que el Presupuesto de la Federación sea elevado a rango de ley y discutido por ambas cámaras, al igual que la aprobación de los tratados internacionales. El informe presidencial, sugiere el documento, debe ser un instrumento de rendición de cuentas sujeto a fiscalización.
Asimismo, el presidente y el gabinete deben informar al Congreso de los logros y metas del Plan Nacional de Desarrollo, el cual debe ser el principio de los procesos administrativos del Estado.
Otra propuesta a considerar, dijo Martín Vera, es que la Auditoría Superior de la Federación evalúe el gasto público ejercido por las secretarías gubernamentales, los órganos autónomos y todas aquellas dependencias públicas que administren recursos públicos.
En cuanto a los servicios de apoyo parlamentario, subrayó, es necesario crear el servicio parlamentario de carrera y cuerpos técnicos profesionales que permitan conocer la viabilidad política, social y económica de las iniciativas. Por otro lado, que los centros de estudios legislativos estén obligados a apoyar el proceso legislativo
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